Campañas de difamación en la política: el caso de la diputada Marybel Villegas reabre el debate

Marybel Villegas denunció una campaña de difamación, una práctica frecuente entre los partidos para debilitar a sus opositores

En un reciente mensaje difundido en redes sociales, la diputada federal de Morena por Quintana Roo, Marybel Villegas, denunció haber sido víctima de una campaña sistemática de difamación, basada en la difusión de noticias falsas y ataques dirigidos tanto a su persona como a su entorno familiar.

"Desde hace algunos años he sido blanco de una campaña sistemática de difamación de la más baja naturaleza", expresó en el video. Villegas señaló que entre las falsedades difundidas se encuentran señalamientos sobre propiedades inexistentes y supuestas investigaciones en su contra, las cuales asegura haber desmentido con pruebas.

La legisladora afirmó que solo entre 2023 y 2025 ha documentado una inversión superior a 1.5 millones de pesos destinada a este tipo de campañas en su contra, y cuestionó: "¿Se imaginan lo que podría hacerse con ese recurso que hoy se destina a atacarme?". También informó que ha iniciado acciones legales y reafirmó su compromiso de seguir con su labor legislativa en Quintana Roo.

Más allá del caso de la legisladora, este pronunciamiento vuelve a poner sobre la mesa una práctica recurrente en la política mexicana: el uso de campañas de difamación y desinformación como herramienta para desacreditar a adversarios políticos.

Estas estrategias, implementadas por diversos partidos y actores en distintos niveles de gobierno, han sido documentadas anteriormente en contextos electorales, en debates legislativos o como respuesta a posicionamientos críticos. Muchas veces, estas campañas operan desde el anonimato o mediante cuentas falsas en redes sociales, dificultando su rastreo.

El impacto de estas acciones va más allá de la reputación de los individuos, pues deterioran el debate público, polarizan a la ciudadanía y desvían recursos y atención de los verdaderos problemas sociales.

En este contexto, el caso de Marybel Villegas plantea una reflexión más amplia: ¿Hasta qué punto estamos normalizando las campañas de desprestigio como parte del juego político, y qué efectos tiene esto en la calidad de nuestra democracia?